EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS ES ANTICONSTITUCIONAL

La obligatoriedad del uso de mascarillas impuesta en España a través de la Orden Ministerial SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19 publicada en BOE con fecha de 20 de mayo de 2020 y entrada en vigor el día siguiente, es inconstitucional.

La citada orden ministerial dispone que "el uso de mascarillas es obligatorio en personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros ...". Esta obligación fue impuesta por una orden ministerial la cual es una norma inferior de rango, que además tiene un carácter patrimonial porque los ciudadanos las tienen que comprar con IVA incluido, y un carácter público impuesta por el Derecho público y de manera coactiva porque se tomó una decisión unilateral sin intervención de la voluntad de la población, imponiendo además graves sanciones a los ciudadanos infractores en el uso de la misma.

Cabe decir, que la orden ministerial objeto de este post, incumple el artículo 31.3 de la Constitución Española donde dice "Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley…”, y que poniéndolo en relación con el artículo 53.1 de la misma normal legal, sólo se pueden regular el ejercicio de derechos y libertades por LEY, o en todo caso, mediante decreto- ley como se hizo con el confinamiento de la población en sus hogares, aunque es de saber que el artículo 86.1 CE prohíbe la adopción de decretos leyes y normas inferiores como son las órdenes ministeriales, que afecten a los derechos, deberes y libertades, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.

En resumen, la imposición del uso obligatorio de mascarillas en España debería hacerse por ley para que respete el ordenamiento jurídico, por el contrario se declara inconstitucional.